La Cámara de Diputados envió este jueves a una comisión especial el proyecto de presupuesto complementario depositado por el presidente Luis Abinader. El objetivo es acelerar su estudio y permitir una pronta aprobación en el Congreso Nacional.
La comisión especial, compuesta por 15 diputados, tiene la responsabilidad de rendir un informe únicamente sobre el proyecto de presupuesto complementario, a diferencia de las comisiones permanentes que deben estudiar varios proyectos a la vez.
En la comunicación remitida a la Cámara de Diputados para motivar la aprobación del presupuesto reformulado, el presidente Luis Abinader explicó que la pieza modifica la Ley 80-24 de Presupuesto General del Estado del 2025 para adecuarla al entorno económico actual, caracterizado por una desaceleración interna y un «panorama internacional adverso».
El mandatario señaló que los cambios plantean una política fiscal de carácter contra cíclico, con un reajuste de los ingresos y un aumento del gasto de capital orientado a la inversión productiva, con miras a estimular la actividad económica y preservar el bienestar social.
Ingresos extraordinarios
El presupuesto reformulado reconoce ingresos extraordinarios no recurrentes por saldos financieros no ejecutados de ejercicios anteriores y propone un aumento del gasto en 69,740.2 millones de pesos, equivalente a un 4.7 % por encima del monto inicial.
Dentro de esta expansión, el gasto de capital estaría destinado a proyectos de infraestructura, obras públicas, agua potable, transporte y salud.
Asimismo, el documento contempla recursos adicionales para reforzar la reforma policial, fortalecer la seguridad nacional y mejorar la red hospitalaria, además de financiar la actualización de la cédula de identidad y respaldar programas sociales.
Con estas modificaciones, según la carta enviada por el presidente Abinader, el déficit fiscal pasaría de 3.0 % a 3.47 % del Producto Interno Bruto (PIB), aunque el Poder Ejecutivo asegura que el aumento será cubierto con excedentes de años anteriores, sin comprometer la sostenibilidad de la deuda ni violar la regla fiscal establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
