A partir del 2 de enero de 2026, los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros deberán presentar de forma obligatoria la «Certificación de Pago al Día de Obligaciones Tributarias Aduaneras» para poder participar en procesos de licitación pública.
La medida fue anunciada a través de una nota de prensa de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), tras la firma de un acuerdo.
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, explicó que el propósito es garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable.
«Es otro hito que nuestra gestión deja como legado: más transparencia, más institucionalidad y un Estado más confiable», afirmó Sanz Lovatón.
De su lado, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel afirmó que la medida refuerza los principios de integridad y legalidad en la administración pública.
«Con este acuerdo avanzamos hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia», destacó.
Indicaron que la nueva disposición está prevista en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 y reiterada en el numeral 4 del artículo 37 de la nueva Ley 47-25 sobre contrataciones públicas. La certificación será emitida únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera.
Requisitos para obtener la certificación
En los casos en que el proveedor tenga un acuerdo de pago vigente con la DGA por deudas aduaneras y esté al día con sus cuotas, podrá obtener la certificación sin impedimentos.
Además, deberá mantenerse al día al momento de suscribir el contrato con la entidad pública y al registrarse ante la Contraloría General de la República.
Para facilitar la verificación, la DGA pondrá a disposición un portal de consulta en línea donde se podrá ingresar el número de cédula o RNC del proveedor para confirmar si figura como contribuyente aduanero.
Finalmente, ambas instituciones informaron que emitirán una circular conjunta dirigida a ministros, directores, administradores generales, ayuntamientos e instituciones descentralizadas y autónomas, tanto financieras como no financieras, recordando la obligatoriedad de esta certificación para todos los procesos de contratación pública.
