El avance del proyecto turístico en la provincia fronteriza de Pedernales, promovido como uno de los más ambiciosos del país, ha generado preocupación entre decenas de pequeños comerciantes que operan en casetas levantadas informalmente en el malecón de la localidad cabecera del territorio.
Aunque algunos aseguran tener años trabajando en el lugar, ninguno posee títulos de propiedad que les garanticen permanencia ante la reubicación que se avecina.
Un levantamiento técnico y social realizado por el Ministerio de Turismo (Mitur), a través de su Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur), confirmó que estas estructuras —que van desde puestos de venta hasta comedores improvisados—, carecen de documentación legal.
«El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la potestad de pedir la remoción parcial o total de la infraestructura si lo considera necesario», advirtió el documento.
Además, estableció que «la estructura base y la caseta deben ser removibles cuando se requiera (casos de huracanes, tormentas o fenómenos climatológicos de gran magnitud prevenibles)», dejando claro que no se trata de una autorización indefinida ni de un derecho adquirido.
Antes, en noviembre de 2019, Grullón recibió una autorización «bajo la condicionante para el retiro de dicha caseta en el momento que sea solicitado por la autoridad competente».
El permiso también exigía que los responsables del local mantuvieran condiciones óptimas de higiene, gestionaran adecuadamente los residuos sólidos y «no vertieran aguas servidas a las áreas de playa, bosques o manglares cercanos».
«Con el Sr. Grullón hemos conversado sobre su situación y la necesidad del retiro de su establecimiento del área que ocupa en estos momentos, sobre todo cuando intenta pasar de una estructura provisional a una permanente, puesto que de los 20 metros cuadrados que le autorizó Medio Ambiente, hoy ocupa alrededor de 100.
En las conversaciones con el ciudadano mencionado le mostramos todo el proyecto de Paseo Marino y le explicamos la imposibilidad de la permanencia de su negocio en este lugar, y que el mismo sería reubicado en uno de los espacios comerciales contemplados en el proyecto Paseo Marino de Pedernales«, expresaron las autoridades.
Por su parte, Grullón envió una carta al presidente Luis Abinader, el 21 de marzo de 2024, en la cual solicitó el apoyo oficial para seguir operando en el lugar. En la misiva admitió que los permisos ambientales le fueron negados por Medio Ambiente, tanto en 2019 como en 2021.
Apeló a su perfil de «emprendedor» para continuar ofreciendo el servicio en el área. Como documento que avala su permanencia en la zona, añadió a la misiva al presidente un certificado de registro de nombre comercial con vigencia del 17 de marzo de 2020 hasta el 17 de marzo de 2030.
A pesar de las protestas de algunos ocupantes, la realidad legal es contundente: no tienen títulos de propiedad. El levantamiento realizado por el Mitur insiste en que «la ocupación de los espacios no ha sido amparada por ninguna autorización oficial registrada ante Catastro o el Registro Inmobiliario».
La informalidad en la tenencia del suelo no es un fenómeno nuevo en Pedernales. La falta de institucionalidad catastral, sumada a años de abandono estatal, provocó que muchos ciudadanos se instalaran «por costumbre», sin pasar por procesos legales de adquisición.
El desarrollo y sus contradicciones
El proyecto turístico en Pedernales contempla la construcción de más de 4,700 habitaciones hoteleras en una primera etapa, además de obras de infraestructura vial, acueductos, plantas de tratamiento, un puerto y un aeropuerto.
Todo bajo la coordinación del Fideicomiso Pro-Pedernales, creado mediante el Decreto 724-20 como instrumento legal para canalizar recursos y gestionar el desarrollo integral de la zona.
La inversión estimada —pública y privada— supera los mil millones de dólares, y se proyecta que generará más de 15,000 empleos directos e indirectos. Empresas internacionales como Acciona están involucradas en la ejecución de obras estratégicas.
