La República Dominicana finalizará el año 2025 con importantes retos en materia de seguridad ciudadana, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para fortalecer el orden público y reducir los niveles de criminalidad en el país.
Aunque el Gobierno ha logrado avances significativos, especialmente a través de la reforma policial y la reducción sostenida de la tasa de homicidios, persisten importantes desafíos para garantizar una mayor sensación de seguridad en distintos barrios del país.
Durante el año, las autoridades han impulsado la reforma de la Policía Nacional como uno de los ejes centrales de la política de seguridad. Este proceso ha incluido la profesionalización de los agentes, mejoras en la formación, ajustes en los protocolos de actuación y un mayor énfasis en el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, expertos y sectores sociales coinciden en que la consolidación de esta reforma sigue siendo un reto, debido a que persisten prácticas tradicionales en el accionar policial.
“Uno de los grandes desafíos es hacer avanzar la reforma desde el punto de vista de los objetivos y de aquellas recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo para la reforma y transformación policial que aún permanecen sin ejecutarse. En la práctica, no se ha dado el paso necesario para asumir el reto de aplicar estas recomendaciones y hacer más efectiva la institución”, expresa el presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.
El activista puso como ejemplo que todavía existe una gran cantidad de generales y coroneles en nómina que no desempeñan ningún rol funcional dentro de la institución.
Explica que actualmente hay en nómina el doble de oficiales de alto rango de lo que permite la ley, muchos de los cuales solo perciben salarios, mientras que, al momento de ejecutar acciones concretas y operativas, no existen espacios reales para la gran cantidad de coroneles disponibles.
Otro de los desafíos que enfrenta la Policía Nacional es el manejo de los llamados “enfrentamientos” con presuntos delincuentes que terminan con personas muertas durante operativos, una práctica que ha sido cuestionada de manera reiterada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Diversos organismos nacionales e internacionales han expresado preocupación por estos casos, al asegurar que muchas de las muertes reportadas como intercambios de disparos no se corresponderían con enfrentamientos reales. Según estas entidades, en múltiples ocasiones existirían indicios de ejecuciones extrajudiciales, y alegan que los fallecidos no habrían tenido oportunidad de enfrentarse a los agentes actuantes.
Las organizaciones sostienen que estas situaciones representarían graves violaciones a los derechos humanos y han insistido en la necesidad de investigaciones independientes, transparentes y exhaustivas para esclarecer cada caso y establecer responsabilidades, en caso de comprobarse irregularidades.
Expertos consideran que uno de los principales retos de esta transformación a la que está siendo sometida la Policía Nacional, es erradicar prácticas del pasado y garantizar que el uso de la fuerza se ajuste estrictamente a la ley y a los protocolos internacionales.
El presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dice que en el año 2024 se registraron aproximadamente entre 90 y 100 casos que la entidad ha denominado como “ejecuciones extrajudiciales” provocadas. Indicó que, para el año 2025, la cifra podría cerrar en alrededor de 200 casos, lo que representaría el doble con respecto al año anterior.
“En vez de haber una reducción como resultado de la reforma que se viene ejecutando y de los planes que se anuncian a través de las reuniones semanales en materia de seguridad, los resultados han dejado muy mal parada a la institución desde el punto de vista de la realidad”, expresa.
Asimismo, cuestiona el aumento de estos hechos y señaló: “Cómo es posible que en 2024, cuando la reforma no estaba tan avanzada, y ahora que se ha aplicado una reforma que ellos tanto han anunciado, haya un incremento sustancial, con el doble de ejecuciones extrajudiciales”.
Por otro lado, en ocasión de conmemorarse el Día Internacional los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre, el director ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu), Nelson Gutiérrez, indica que la República Dominicana amerita seguir impulsando acciones orientadas a erradicar viejas prácticas como el exceso de la fuerza, abuso de poder, retaliación y represalia, como mecanismo de represión, lo que atenta contra el Estado social y democrático de derecho.
En tal sentido, denuncia que decenas de presuntos delincuentes han sido asesinados por agentes de la dirección de Investigaciones de la Policía (Dicrim) en alegados intercambios de disparos, lo que a su juicio se traduce en ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de confrontaciones, por una banda criminal a lo interno de la Policía, dirigida por un general y varios coroneles.
El Conadehu afirma que la Dicrim se habría convertido en una de las principales generadoras de violaciones a los derechos humanos durante el año 2025, atribuyéndole más de 200 muertes que califica como extrajudiciales.
El presidente del organismo, Gutiérrez, lamenta que la conmemoración del Día de los Derechos Humanos encuentre al país con “muy bajas notas” en esta materia.
La percepción de la gente
También, la percepción de inseguridad sigue siendo una preocupación en determinados barrios, donde persisten delitos como robos, asaltos y microtráfico. Organizaciones comunitarias señalan que, además del accionar policial, es necesario reforzar las políticas sociales, el acceso al empleo y la educación como parte integral de una estrategia de seguridad sostenible.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y coordinador de la comisión que realizó los trabajos para la reforma policial, explica que la persistencia de una sensación de inseguridad en algunos barrios, a pesar de los avances reflejados en los indicadores oficiales, responde a una compleja interacción de factores objetivos y subjetivos que configuran la percepción ciudadana.
“Esta brecha puede explicarse, en primer lugar, porque los indicadores oficiales suelen enfocarse en delitos de alto impacto, como homicidios, pero no siempre capturan de manera exhaustiva las experiencias cotidianas que afectan directamente a los ciudadanos, como los hurtos menores, el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos o el simple deterioro del entorno urbano. Estos hechos, aunque no siempre figuran en las estadísticas principales, generan temor y malestar”, indicó.
Castaños sostiene, que adicionalmente, la percepción de inseguridad se ve intensificada por la cobertura mediática de hechos violentos o delictivos.
“Los medios de comunicación, al dar mayor visibilidad a sucesos negativos, pueden generar una sensación de alarma desproporcionada frente a la realidad estadística. A esto se suma el impacto de las redes sociales, donde la difusión rápida y masiva de noticias, rumores o testimonios personales puede amplificar la sensación de riesgo”, agregó.
Casos que mancharon a la Policía
Durante el año 2025, la Policía Nacional se vio envuelta en diversos hechos que generaron cuestionamientos por presuntos abusos de poder, agresiones sexuales y muertes ocurridas en operativos policiales.
A finales de mayo, la institución suspendió de manera preventiva a un oficial superior tras una denuncia de una excadete por presunta agresión sexual, ocurrida mientras esta se formaba en la academia policial de San Cristóbal.
En marzo, el coronel Abiu Aaron Zilberberg Cabral fue suspendido en Jarabacoa luego de ser grabado mientras intentaba impedir un operativo antidrogas y mantenía una actitud desafiante frente a un subalterno del COBA, por lo que es investigado por abuso de autoridad.
Otro de los hechos más graves ocurrió el 10 de septiembre, cuando 11 agentes policiales causaron la muerte de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago. Según el Ministerio Público, los agentes dispararon contra las víctimas sin mediar palabras, tras llegar al lugar en varios vehículos.
Asimismo, el 20 de diciembre, Ramseli Junior García, de 25 años, falleció tras una intervención policial en el sector Villa Consuelo, durante un compartir navideño de motoconchos que terminó en una balacera.
Uno de los casos más recientes se registró el 24 de diciembre, cuando el joven Robert Argenis Gutiérrez Ignacio, de 19 años, resultó gravemente herido tras ser impactado en la cabeza por una bomba lacrimógena durante una presunta intervención policial en Cristo Rey, y se debate entre la vida y la muerte.
Desafíos del 2026
De cara al futuro, el desafío del Estado dominicano será profundizar los avances logrados en 2025, consolidar la reforma policial y ampliar los programas de prevención del delito, con el objetivo de garantizar una seguridad ciudadana más efectiva y equitativa en todo el territorio nacional.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y coordinador de la comisión responsable de la reforma policial, informa que para el año 2026 se ha definido un conjunto de prioridades estratégicas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de la población.
Entre los ejes principales se destaca el fortalecimiento de la prevención social del delito, especialmente en comunidades vulnerables; la consolidación de la reforma policial con un nuevo modelo de patrullaje más cercano y eficiente; y el refuerzo de las capacidades de investigación criminal e inteligencia mediante el uso de tecnología y capacitación especializada.
Asimismo, la Comisión priorizará la integración de sistemas de videovigilancia y respuesta oportuna, la participación activa de las comunidades, el trabajo interinstitucional con los sectores justicia y educación, y la intervención focalizada en barrios con mayores niveles de conflictividad, como parte de una estrategia integral e inclusiva frente a los retos de seguridad del país.
