lunes, agosto 4, 2025
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Expresidenta de Argentina exige anulación de su condena y levantar prohibición para optar a cargos públicos

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La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) presentó un recurso de “queja” ante la Corte Suprema como exigencia para anular su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para optar a cargos públicos por administración fraudulenta en la obra pública durante su mandato.

En un documento de diez páginas, la defensa de Fernández encabezada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó al Máximo Tribunal que “se anule el fallo recurrido y se absuelva a CFK (Cristina Fernández de Kirchner) en orden a los hechos por los cuales ha sido acusada”.

El recurso surge luego de que, el pasado 21 de marzo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible un pedido de la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronismo) para que su caso fuera revisado por la Corte.

En la presentación judicial, que Fernández hizo pública en sus redes sociales, su defensa adjudicó que hubo “alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso” y una “grosera arbitrariedad en que incurrieron los magistrados al decidir la condena”.

La Corte puede tomar el recurso presentado y emitir un fallo o rechazarlo y no analizar la cuestión de fondo, algo que obligaría a la expresidenta a recurrir a organismos internacionales.

En caso de que el máximo tribunal ratifique la condena, Fernández podría cumplir su pena de forma domiciliaria, ya que la ley argentina concede ese beneficio a personas mayores de 70 años.

En el escrito, la defensa de Fernández afirmó que existió una “decisión deliberada de privar a Cristina Kirchner de las garantías de las que debe gozar cualquier persona cuando enfrenta un juicio penal y de dictarle una condena que, entre otras cosas, determine su exclusión definitiva de la vida política”.

“Se ha aplicado en el caso una especie de poder de excepción, en el cual la lógica de la definición entre lo lícito y lo ilícito fue dejada de lado por una potestad decisoria que abandona los principios básicos de la función judicial: aplicar de manera imparcial la ley al caso, en base a las pruebas recogidas en un juicio sustanciado conforme a derecho”, remarcaron.

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