La Junta Central Electoral (JCE) acumula un historial de pérdidas millonarias por la compra de equipos que luego no se usaron y por la actualización de procesos, como la renovación de la cédula.
La gestión que presidió Roberto Rosario gastó 31.8 millones de dólares en 48 mil dispositivos que serían utilizados para automatizar el registro de los electores y escrutinio de los votos en las elecciones del 2016.
Los aparatos no funcionaron el día de los comicios y tampoco se usaron en el 2020 porque, como aseguró su sucesor en el cargo, Julio César Castaños Guzmán, habían tenido un desempeño poco fiable.
Las tabletas fueron inconsistentes y los escáneres requerían una actualización de la batería y el software.
Tras el fracaso, la JCE tuvo que cargar con miles de equipos que no le reportaban ninguna utilidad a un costo de 1.2 millones de dólares por cuatro años de alquiler en un almacén.
