El juez Reymundo Mejía dictó la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios del establecimiento, manteniendo la calificación jurídica de homicidio involuntario por el trágico desplome del techo de la discoteca Jet Set.
El magistrado también rechazó imponer prisión preventiva a los imputados y mantuvo las garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, el impedimento de salida del país y la presentación periódica.
Asimismo, mantuvo las órdenes de inmovilización y secuestro previamente dictadas sobre los bienes de los imputados.
Acogió igualmente la solicitud de medidas conservatorias e impuso embargos conservatorios y retentivos, así como la inscripción de hipotecas judiciales sobre los bienes inmuebles, activos y valores por la suma de 500 millones de pesos, «equivalente al duplo de la suma principal».
El juez del Primer Juzgado de Instrucción admitió también a los terceros civilmente demandados: Inversiones E y L, S. R. L.; Difusora Hemisferio, S. R. L.; Radio Cadena Comercial, S. R. L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
